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Caja Costarricense de Seguro Social

Satisfacción ante resolución de Sala IV sobre Instituto Costarricense contra el Cáncer

Xinia Fernández Delgado y Gerald Iván Montero Rony | 31 de enero, 2008 | Regresar

Dr. Eduardo Doryan Garrón
Dr. Eduardo Doryan Garrón
Presidente Ejecutivo

Como una oportunidad que la Sala Constitucional le brinda al país para enmendar una entidad que, en su forma de organización, fue diseñada para tener múltiples trabas que le dificultan cumplir la función loable que inicialmente se pretendía, definió el presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, Dr. Eduardo Doryan Garrón, la decisión de declarar inconstitucional y anular la ley de Creación del Instituto Costarricense Contra el Cáncer (ICCC).

El jerarca indicó que esta disposición es la crónica de una muerte anunciada. "La forma en que se diseñó el ICCC tiene todas las trabas de la administración pública sumadas a otras de su propia ley constitutiva, lo que dificulta poder implementar la ejecución de lo que hoy constituye sus activos principales que son $52 millones, mismos que desde hace tiempo se debieron invertir en el fortalecimiento de la atención de las personas que lo requieren".

Doryan Garrón fue enfático al afirmar que esta oportunidad le permitirá al país replantear la forma en que se aborda esta enfermedad y mejorar su atención. Recordó que, desde el 18 de mayo de 2006, el Ministerio de Salud y la CCSS acordaron y diseñaron el planteamiento general para la instauración de una red oncológica nacional, propuesta que fue reconfirmada en febrero del 2007 por parte de la Junta Directiva de la institución aseguradora.

"Creemos que no debemos esperar el plazo de 3 años que ha dado la Sala; por eso, en las próximas semanas, trabajaremos en conjunto con el Ministerio de Salud, para redactar un nuevo proyecto de ley", indicó el Presidente Ejecutivo.

El funcionario señaló, además, los aspectos medulares que contendrá el nuevo proyecto de ley. Primeramente, se mantendrá y fortalecerá el flujo de recursos para las unidades de cuidados paliativos de los centros médicos; de manera que se asegure un servicio en condiciones óptimas para aquellas personas con cáncer que requieren de atención especial en esta etapa difícil.

Además, el nuevo proyecto fortalecerá la función rectora del Ministerio de Salud en la definición de las políticas generales en la lucha contra el cáncer y canalizará los recursos financieros necesarios para que la CCSS pueda fortalecer y dar continuidad a la atención preventiva y curativa de esta enfermedad.

Estos recursos, permitirán la rápida construcción del Centro Nacional de Diagnóstico y Estadiaje, el fortalecimiento de los servicios de los hospitales, tanto los que son cabeza de las redes de servicios médicos (San Juan de Dios, México y Rafael ángel Calderón), como de los especializados, los regionales y los periféricos. Este fortalecimiento dará los insumos necesarios a cada centro para detectar tempranamente el cáncer y darle tratamiento y, según explicó Doryan, se realizará de acuerdo al grado de complejidad que posee cada centro. "El objetivo de todo esto sería la atención más cercana a la gente", indicó.

Recalcó la necesidad de integrar los servicios para los que se ideó el ICCC dentro del esquema de Seguridad Social del país; pues, según aseveró, no es conveniente crear centros públicos al margen de este sistema. "No se trata de tener hospitales fuera de la Seguridad Social, sino tener centros ligados al grueso de los especialistas de la Seguridad Social", agregó.

Finalmente, el funcionario destacó la existencia de un mapeo preciso de los requerimientos de equipo médico especializado que posee el país, y el desarrollo de los procesos de capacitación de los especialistas que se necesitan. "Se estima que se requiere al menos de $20 millones para la compra de equipo y una cifra igual para la construcción del centro de estadiaje", aseguró.

Se espera que en las próximas semanas las autoridades del Ministerio de Salud y la CCSS preparen la propuesta para el nuevo proyecto de ley, que luego será presentado ante el Ministerio de la Presidencia para su análisis y sometimiento ante la Asamblea Legislativa.

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